Cada una de las intendencias del virreinato respondió de manera diferente a la rebelión insurgente. Esta tuvo aceptación en los sectores desposeídos, afectados por la injusticia social imperante. En otras regiones, las élites controlaban perfectamente a las clases bajas o mantenían los pactos sociales previos a las reformas borbónicas, que habían causado muchos de los problemas.
El sureste es un ejemplo de esta situación. Históricamente, esta región mantuvo una posición autónoma respecto al virreinato de la Nueva España, constituyéndose en Capitanías Generales como la de Guatemala y Yucatán. Estas capitanías mantenían un poder de decisión independiente del de México y una dinámica político-económica diferente al del resto de las intendencias.
A principios del siglo XIX, Yucatán vivía una situación preferente. Sus comerciantes tenían permiso para introducir mercancías extranjeras en su territorio, aunque enfrentaban trabas por parte de los consulados de México y Veracruz para entrar en el mercado novohispano, debido al temor de enfrentar la competencia de los textiles británicos. Sin embargo, esta tensión se sobrellevaba porque la capitanía recibía un situado de entre 150 y 200 mil pesos para su defensa, lo cual cubría el déficit administrativo del territorio.
Ante la crisis de la monarquía hispánica a raíz de la invasión napoleónica de mayo de 1808, los yucatecos se sujetaron a lo dispuesto por el virrey José de Iturrigaray de convocar a una junta novohispana representativa para salvaguardar los derechos legítimos de Fernando VII al trono. Fueron atraídos por la promesa de permitir a sus comerciantes hacer negocios en Veracruz.
Sin embargo, la rápida acción de la Junta de Sevilla de desconocer cualquier junta constitutiva en las Indias y la llegada de los informantes de La Habana a Mérida hicieron que el cabildo yucateco cambiara su postura. Se alinearon a los mandatos de las autoridades peninsulares y rechazaron los planes autonomistas de Iturrigaray, coincidiendo con las acciones de los golpistas realistas en México que derrocaron al virrey y mantuvieron la obediencia a los dictados de los representantes españoles.
Con el proceso constituyente de Cádiz, los yucatecos eligieron como su representante a Miguel González de Lastiri para llevar la agenda con la que pensaban que podían sacar a su tierra del atraso. Esto incluía el reconocimiento de Yucatán como reino, proponiendo un gobierno racial para blancos, indígenas y no blancos, el establecimiento de un consulado, la institución de una universidad, una comandancia militar y elevar el obispado a la categoría de arzobispado. Además, buscaban el reconocimiento de la soberanía sobre El Petén, la Laguna de Términos y Tabasco.
De todos estos deseos, solo lograron la anexión de Tabasco. Además, sufrieron un revés con la revocación de los tributos indígenas, las obvenciones eclesiásticas y el subsidio novohispano.
Paralelamente a las discusiones en Cádiz, el gobierno yucateco se sumó a los esfuerzos virreinales de reprimir y combatir la rebelión insurgente. Esto se manifestó en el envío de tropas de apoyo para reforzar al ejército realista, mantener un discurso de aversión hacia las acciones de los insurgentes y negar cualquier nexo con movimientos independentistas, como el rechazo a la solicitud de apoyo de la Junta de Cartagena de Indias.
Con la proclamación de la Constitución de 1812, de corte liberal, las élites yucatecas se adscribieron a ella y apoyaron la institución del nuevo orden. El liberalismo español, aunque planteaba la implementación de concesiones sociales y el reconocimiento de los derechos de los individuos, rechazaba tanto los métodos como el programa político de la insurgencia. Consideraban que la unión monárquica era fundamental para progresar y que, para superar los problemas del sistema, se debía pugnar por la negociación política.
A este liberalismo yucateco se le conoce como “sanjuanista” porque se realizaban reuniones de criollos en la iglesia de San Juan de Mérida. En ellas se llegó al consenso de imponer los valores racionalistas para superar la injusticia social. De este grupo surgieron políticos como Lorenzo de Zavala, quienes apoyaron el combate a los insurgentes, pero criticaron otras medidas como el absolutismo y el creciente militarismo de la sociedad.
Dentro del grupo de los sanjuanistas se encontraban potentados como José Matías Quintana y su esposa María Ana Roo, padres del insurgente y político Andrés Quintana Roo. Estos reflexionaron sobre el trasfondo de la lucha independentista, llevando al jefe de la familia a escribir «Clamores de la fidelidad americana contra la opresión», donde exhibe las limitantes del gobierno realista y la justicia de los objetivos de la insurgencia.
A lo largo de sus publicaciones, Quintana denuncia los atropellos e injusticias cometidos por los mandos realistas para combatir a los insurgentes, dando a conocer los abusos de Torcuato Trujillo y de su teniente Agustín de Iturbide. También publica los argumentos de las posiciones fidelistas de las diferentes provincias y sus limitaciones, así como la legitimidad jurídica y religiosa de las razones de la rebelión.
Como seguidor del liberalismo sanjuanista, Quintana encuentra afinidades con el pensamiento del liberal sevillano José María Blanco White, quien apostaba por regresar al orden autonomista de los Austrias, devolviendo a cada reino los fueros a los que tenía derecho, en contra de la posición centralista de los Borbones. También reconocía la imposibilidad de mantener la dependencia de las Indias hacia España, aunque admitía que no era el momento de alcanzar esa posición.
La posición conciliadora de José Matías Quintana lo llevó a entablar comunicación epistolar con el caudillo José María Morelos, tratando de orientar el movimiento insurgente para que adoptase el fidelismo como estrategia para lograr sus objetivos sin violencia. Quintana instó a Morelos a entrar en el juego político de la monarquía jurando la Constitución de Cádiz y participando dentro de la dinámica liberal.
Quintana argumentaba que la insurgencia adquiriría la legitimidad social de su causa al aceptar las reglas liberales y denunciar a las autoridades virreinales como tiranas por violar las reglas impuestas por la constitución. Esto justificaría que la independencia fue la única salida que les dejó un sistema injusto, proporcionando cauces legales para seguir con su objetivo en caso de que desde la península se rompiera este consenso.
Lamentablemente, al poco tiempo, el escenario caótico se materializó para los sanjuanistas yucatecos. En 1814, el golpe de los absolutistas devolvió los poderes despóticos a Fernando VII, quien derogó la Constitución de Cádiz. Los sanjuanistas llamaron a la sociedad a rebelarse, argumentando que el rey había roto el pacto social. Desafortunadamente, no fueron seguidos y las autoridades arrestaron a Zavala, Quintana y otros integrantes, acabando con esta opción legalista para alcanzar la autonomía siguiendo los instrumentos del sistema.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Melchor Campos García. La quiebra del fidelismo y la Independencia de Yucatán, del libro La Independencia en las provincias de México.
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Imagen:
Izquierda: S/D. Vista del costado norte de la Iglesia de San Juan hacia 1886.
Derecha: Jose Matias Quintana. Clamores de fidelidad americana contra la opresión, Lunes 2 de mayo de 1814, Tomo 1.
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