Durante la primera mitad del siglo XX, México buscó oportunidades para incrustarse en los mercados globales como forma de salir de la crisis derivada tanto de la revolución como de las reformas agraristas. Una oportunidad crucial surgió de la tensión geopolítica de los años 30, que desembocaría en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. México se convirtió en un abastecedor de materias primas para las potencias del Eje al proporcionar petróleo a Alemania, rayón a Italia y frijoles a Japón, a cambio de maquinaria para impulsar la industria.
Con el estallido de la guerra y gracias a la lejanía del conflicto, el país se convirtió en un importante productor de materias agropecuarias necesarias para mantener las demandas del mercado internacional. Diferentes zonas agrícolas del país aprovecharon la oportunidad para vender sus excedentes. Este es el caso de la Costa Grande de Guerrero, una zona que había quedado relegada durante siglos debido a la falta de recursos de interés para las élites y los efectos de la despoblación causada por epidemias y enfermedades tropicales. Las comunidades en esta región tenían poca población y subsistían principalmente de cultivos básicos, ajonjolí y palma de coco, que utilizaban para producir aceite.
Como consecuencia de la guerra, varios productos agropecuarios experimentaron una revalorización en el mercado mundial de manera significativa. Esto brindó la oportunidad para que los campesinos de la costa de Guerrero obtuvieran mayores ingresos. Por ejemplo, el valor de la copra, carne de coco, se elevó de los 268 pesos la tonelada que valía en 1939 a alcanzar los 1241 pesos en 1946. De manera similar, la demanda de ajonjolí aumentó, lo que resultó en un incremento del 175% en su producción.
Para la inserción de estos productos agropecuarios en el mercado, siempre fue necesaria la presencia de intermediarios. En el caso de la copra y el ajonjolí, este papel lo ocuparon la fábrica La Especial y empresas comerciales como Bola de Nieve y Casa Minaya. Estas empresas acaparaban la producción de toda la costa y estaban asociadas con grandes capitales extranjeros y estadounidenses. Aunque eran los intermediarios quienes obtenían las grandes ganancias de la alta demanda, lo que quedaba para los campesinos era suficiente para salir de su extrema pobreza. Aquellos que llevaban años como agricultores podían beneficiarse más, ya que los recién dotados de tierras tenían que dedicarse a cultivar diferentes plantas para subsistir. Además, para convertirse en productores de copra, ajonjolí o café, como en el caso de Atoyac, se necesitaban entre 7 y 8 años de cultivo y desarrollo.
Mientras los antiguos campesinos disfrutaban de la bonanza económica de la época y llegaban a despilfarrar sus ingresos en actividades como peleas de gallos, juegos, cabarets y fiestas, los nuevos campesinos tenían que distribuir sus escasas ganancias tanto para su sustento como para invertir en cultivos de alto valor. Estos últimos debían destinar cerca de 976.50 pesos por hectárea al año en campos que oscilaban entre 1 y 8 hectáreas.
Aunque las ganancias obtenidas superaban con creces los recursos invertidos, la realidad era que pocos campesinos tenían el capital necesario para trabajar la tierra. Muchos tuvieron que emplear a miembros de su familia como peones sin paga, exacerbando los problemas endémicos como el analfabetismo.
Desde 1940, con la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, se comenzó a revertir el proyecto agrarista radical de su antecesor Lázaro Cárdenas. Esta tendencia fue continuada por su sucesor Miguel Alemán Valdés a partir de 1946, quien buscaba impulsar la propiedad privada y las inversiones particulares como base del desarrollo nacional. Esto implicaba neutralizar los valores del nacionalismo revolucionario y mantener bajo control a los sectores obrero y campesino para asegurar la tranquilidad de los inversionistas.
Este cambio en la política económica del gobierno fomentó el surgimiento de nuevos latifundios en el país, beneficiando principalmente a los productores veteranos que se convirtieron en una nueva burguesía. Sus fincas de copra y café, a pesar de tener dimensiones de hasta 150 hectáreas, fueron legalizadas, mientras que los ejidatarios solo tenían a su disposición 10 hectáreas cada uno. A nivel nacional, esto generó una profunda desigualdad entre estos latifundistas y el resto del campesinado. Estos últimos llegaron a poseer solo el 1.5% del total de tierras cultivables, pero producían el 40% de la producción agrícola y obtenían el 46% de los ingresos agrícolas del país.
En el caso específico de Guerrero, se sumó otro factor fundamental que lo hizo atractivo para el desarrollo nacional: el potencial turístico del puerto de Acapulco. El presidente Miguel Alemán participó en los beneficios de esta urbanización y desarrollo, creando para ello la Compañía Constructora La Joya y comprando predios como la playa El Revolcadero, un lote de la ex hacienda de San Marcos y otros predios en Granjas del Marqués. Llegó a poseer cerca de 180,000 m2 en propiedades que fueron adquiridas a precios de remate.
El detonante de los problemas sociales en el estado fue una serie de impuestos decretados por el gobernador Alejandro Gómez Maganda (1951-1954). Buscando llenar las arcas para cumplir con su gestión, impuso el pago de 10 pesos por cada palmera de coco de agua, 7 por palmilla sentada en banco y 5 por las recién sembradas. Este problema afectaba principalmente a ejidatarios y pequeños propietarios, mientras que los grandes potentados tenían la capacidad de organizarse o afianzarse como aliados políticos dentro del naciente PRI, escapando así de estos impuestos.
Los principales afectados se organizaron y fundaron en 1951 la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero. Surgieron dos liderazgos que se disputaron su control: por un lado, el profesor Florencio Encarnación Ursúa de Coyuca de Benítez, respaldado por el cacique de El Espinalillo en el mismo municipio, Candelario Ríos; por otro lado, el empresario coprero Jesús Bravo González de Petatlán, apoyado por la poderosa familia Ruisánchez. Petatlán, además de ser una importante productora de copra, era un centro comercial clave en la región.
El balance de poder se inclinó a favor del grupo de Coyuca gracias al respaldo del presidente Alemán y de su tío, el general Juan G. Valdés. La propuesta inicial de Encarnación Ursúa era lograr un acuerdo entre las élites de Coyuca y Petatlán, además de servir como un importante vínculo del PRI en la región.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Francisco Ávila Coronel. Del clientelismo político a la contrainsurgencia. La masacre de copreros en Acapulco, Guerrero, en perspectiva histórica: 1940-1967, de la revista Historia Mexicana no. 73.
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Imagen:
Izquierda: Hugo Brehme. Palmeras y vivienda rustica, Acapulco, 1940.
Derecha: S/D. Retrato de Alejandro Gomez Maganda.
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