Los alcances del Ayuntamiento de México.

Los representantes novohispanos se asumen como los protectores de los intereses del rey de España en América cuidándola de caer en manos de los franceses, por lo que aspiraban no solo intervenir en la política de la Nueva España, sino de todos los territorios a los que políticamente estaba relacionado, como el caso de las Antillas, Guatemala y las Filipinas. Cualquier noticia que llegaba de la península, como la de la formación de la Junta de Sevilla que podía reclamar la representación de las Indias, era vista con demasiado recelo y en este caso en partículas cuando los representantes se cuestionaron si reconocían a las autoridades sevillanas que pudieran llegar a gobernar, llegan a la conclusión que solo podían reconocerlo en caso de que llevasen el reconocimiento oficial de Fernando VII.

El virrey Iturrigaray fue elevado a la categoría de Capitán General para que pudiese mandar sobre las fuerzas armadas novohispanas, quedando como supremo jefe militar de todas las provincias, en lo que llegase un representante del mismo monarca que diera legitimidad a las acciones realizadas por el ayuntamiento. Melchor de Talamantes era el que tenía las ideas más extremas, ya que sus acciones fomentaban más la idea de un naciente nacionalismo novohispano con el que quería quitar la idea de que el reino regresara a su condición de sumisión a la corona y que se le reconociese su condición metropolitana, incluso llega a plantear que en caso de que las demás juntas no vean como igual a la mexicana, tenía la legitimidad que le otorgaba el pueblo para poder aspirar a la independencia. Para Talamantes su visión era clara, la Nueva España al ser el virreinato más viejo de las Indias tenía la obligación de ser el eje que preservara el poder español y que dada su importancia podía mandar sobre los otros tres virreinatos americanos.

No todas las autoridades virreinales vieron con buenos ojos las proclamas que salían del Ayuntamiento, tenemos el caso de la Inquisición que condena como “herejía manifiesta” la legitimidad basada en la voluntad popular defendiendo el derecho divino que tenía el rey para gobernar. Pero pronto las pretensiones de legitimidad que querían obtener los juntistas novohispanos se cae, ya que e. 31 de agosto de 1808 llegan los representantes sevillanos Juan Sabat y Manuel Francisco de Jáuregui para que reconociesen la autoridad de la junta andaluza y con el respaldo de contar con el reconocimiento de las Islas Canarias, Cuba y Puerto Rico (al mismo tiempo, Caracas y Buenos Aires ya habían otorgado su apoyo), por lo que algunos representantes del ayuntamiento de México se prestan a apoyarlos. Esto no fue del agrado de todos los representantes, como fue el caso del regidor del ayuntamiento Juan Francisco de Azcarate y el síndico Francisco Primo de Verdad, quienes negaban la autoridad de Sevilla para dirigir la gobernanza de las Indias al ser solo un reino incorporado a la corona de Castilla.

Empiezan a llegar noticias de las junta de Asturias en que se informan de la alianza que realizaría Gran Bretaña para intervenir en España y echar a los franceses como un intento de calmar las dudas que surgían al otro lado del océano y dar una idea de que se estaba solucionado el problema, pero tanto el Ayuntamiento como Iturrigaray ven como un intento de la península de tomar el control del territorio, reivindican el derecho de la Nueva España como reino constituyente de la monarquía hispana a poder convocar a sus propios representantes para poder gobernar en ausencia del rey, exaltando el sentimiento criollo de que por primera vez serian escuchados y tendrían la oportunidad de gobernarse a sí mismos sin perder el laso con la península. Ante la precipitación de los acontecimientos es que Iturrigaray convoca a las provincias a que manden a sus representantes para que empezasen a trabajar en la formación del primer Congreso Mexicano, que tendrían que pertenecer al cuerpo de los ayuntamientos provinciales o un apoderado de las cabezas de provincia.

La Real Audiencia sigue atacando la legitimidad del ayuntamiento con los mismos argumentos de los integrantes de este, ya que invalidan la orden de poder convocar a la formación de un Congreso sin que existiese la orden expresa del rey y que lo realizado era muy parecido a los actos realizados por los Estados Generales franceses en 1789. Tanto Iturrigaray como Alzate desmontan los argumentos de la Audiencia, el primero niega la legitimidad de los representantes sevillanos porque de ser así tendría la obligación de entregar el reino ya sea a un representante de Fernando VII o de cualquiera de las casas reales como a los Braganza o incluso al duque de Berg (Joaquín Murat), mientras Alzate defiende que el rey se encuentra incapacitado de tomar dediciones al estar prisionero de los franceses pueden convocar al congreso que por las condiciones de imposible cumplimiento se tienen en derecho de no puestas.

El campo de acción de los peninsulares estaba siendo cada vez menor para poder prevalecer sobre las acciones de los criollos, por lo que para recuperar las riendas deciden apostar por un golpe de estado encabezado por el comerciante Gabriel del Yermo, quien con el apoyo de la Audiencia y el arzobispo Lizana manda a arrestar a Iturrigaray y a los miembros del ayuntamiento el 16 de septiembre, imponiendo al viejo militar Pedro Garibay como virrey. Esto sin duda para los novohispanos fue un balde de agua fría, ya que quedaba de manifiesto que dentro de la monarquía hispana no formaban parte de un reino en igual de condiciones que los peninsulares y que su calidad era la de colonia al servicio de los españoles, por lo que parte de ellos vieron que era imposible ponerse de acuerdo con las autoridades monárquicas, no habiendo más alternativa que la independencia.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España.

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Imagen: Anónimo. Familia de José de Iturrigaray, 1805