Los representantes novohispanos se consideraban los protectores de los intereses del rey de España en América, vigilando que el territorio no cayera en manos de los franceses. Sus aspiraciones no se limitaban a intervenir en la política de la Nueva España, sino también en los territorios con los que estaba políticamente vinculada, como las Antillas, Guatemala y Filipinas.
Cualquier noticia procedente de la península, como la formación de la Junta de Sevilla que pretendía reclamar la representación de las Indias, era recibida con recelo. En este caso particular, los representantes se cuestionaron si debían reconocer la autoridad de las autoridades sevillanas. Finalmente, concluyeron que solo lo harían en caso de que estas llevaran el reconocimiento oficial de Fernando VII.
El virrey Iturrigaray fue elevado a la categoría de Capitán General para que pudiera comandar las fuerzas armadas de la Nueva España, asumiendo el rol de supremo jefe militar de todas las provincias, en espera de que llegara un representante del monarca que legitimara las acciones del ayuntamiento. Melchor de Talamantes, con ideas más radicales, promovía un naciente nacionalismo novohispano. Su postura buscaba evitar que el reino volviera a su sumisión a la corona y exigía que se le reconociera su condición metropolitana. Incluso llegó a sugerir que, si las demás juntas no reconocían a la mexicana como su igual, la Nueva España tendría la legitimidad otorgada por su pueblo para aspirar a la independencia.
Para Talamantes, la Nueva España, como el virreinato más antiguo de las Indias, tenía la obligación de preservar el poder español y, dada su importancia, podía asumir un rol de liderazgo sobre los otros tres virreinatos americanos.
No todas las autoridades virreinales respaldaron las proclamas del Ayuntamiento. La Inquisición, por ejemplo, condenó como “herejía manifiesta” la legitimidad basada en la voluntad popular, defendiendo el derecho divino del rey para gobernar. Sin embargo, las aspiraciones de los juntistas novohispanos de obtener legitimidad pronto se desmoronaron. El 31 de agosto de 1808, llegaron a la Nueva España los representantes sevillanos Juan Sabat y Manuel Francisco de Jáuregui, exigiendo el reconocimiento de la autoridad de la Junta de Andalucía, respaldada por el reconocimiento de las Islas Canarias, Cuba y Puerto Rico. Al mismo tiempo, Caracas y Buenos Aires ya habían ofrecido su apoyo.
Algunos miembros del Ayuntamiento de México estuvieron dispuestos a apoyarlos, pero no todos compartieron esta postura. El regidor del ayuntamiento Juan Francisco de Azcárate y el síndico Francisco Primo de Verdad negaron la autoridad de Sevilla para gobernar las Indias, argumentando que Andalucía era solo un reino incorporado a la Corona de Castilla, y por tanto, no tenía derecho a dirigir los destinos de los territorios ultramarinos.
Comienzan a llegar noticias de la Junta de Asturias, informando sobre la alianza con Gran Bretaña para intervenir en España y expulsar a los franceses. Este intento de tranquilizar a las colonias sobre la situación en la península fue percibido tanto por el Ayuntamiento como por Iturrigaray como un intento de retomar el control sobre la Nueva España. Ante ello, reivindican el derecho del virreinato, como reino constituyente de la monarquía hispana, a convocar sus propios representantes para gobernarse en ausencia del rey.
Esta postura exaltó el sentimiento criollo de que, por primera vez, serían escuchados y tendrían la oportunidad de gobernarse sin perder el lazo con la península. Ante la rapidez de los acontecimientos, Iturrigaray decidió convocar a las provincias para que enviaran a sus representantes, quienes debían pertenecer a los ayuntamientos provinciales o ser apoderados de las principales autoridades locales. El propósito era comenzar a trabajar en la formación del primer Congreso Mexicano, buscando darle legitimidad a la autonomía del virreinato en esos momentos de crisis.
La Real Audiencia continuó atacando la legitimidad del Ayuntamiento utilizando los mismos argumentos que empleaban algunos de sus integrantes, invalidando la convocatoria para la formación de un Congreso sin una orden expresa del rey. Comparaban estos actos con los llevados a cabo por los Estados Generales franceses en 1789, lo que insinuaba una amenaza de insurrección o desobediencia al poder monárquico.
Iturrigaray y Alzate respondieron desmontando los argumentos de la Audiencia. Iturrigaray rechazó la legitimidad de los representantes sevillanos, afirmando que, de reconocerla, tendría la obligación de entregar el reino a un representante legítimo de Fernando VII o a cualquier miembro de las casas reales europeas, como los Braganza o incluso el duque de Berg, Joaquín Murat. Alzate, por su parte, defendió que, dado que el rey estaba prisionero de los franceses y, por lo tanto, incapacitado para tomar decisiones, el derecho de convocar un congreso se volvía necesario y legítimo ante la imposibilidad de que se cumplieran las condiciones habituales de obediencia al monarca.
El margen de maniobra de los peninsulares se reducía cada vez más, lo que llevó a tomar una decisión drástica para recuperar el control. El comerciante Gabriel de Yermo, apoyado por la Real Audiencia y el arzobispo Lizana, organizó un golpe de estado el 16 de septiembre de 1808. Durante el golpe, arrestaron al virrey Iturrigaray y a los miembros del Ayuntamiento, imponiendo como nuevo virrey al anciano militar Pedro Garibay.
Este acontecimiento fue un golpe devastador para los criollos, ya que dejó claro que, dentro de la monarquía hispana, la Nueva España no era considerada un reino en igualdad de condiciones con los peninsulares. En lugar de un estatus equiparable, su realidad era la de una colonia al servicio de España. Este cambio de perspectiva llevó a muchos criollos a concluir que llegar a un acuerdo con las autoridades monárquicas era imposible, y que la única solución viable era la independencia.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España.
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Imagen: Anónimo. Familia de José de Iturrigaray, 1805
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