Con la derrota de los conservadores en la Guerra de Reforma, la lucha estaba lejos de terminar, ya que sus líderes quedaron dispersados y fuera de control, buscando oportunidades para derrotar a los liberales. Personajes como el «presidente» Félix María Zuloaga, Leonardo Márquez, Tomás Mejía, José María Cobos, Juan Vicario, Lindoro Cagiga y Manuel Lozada fueron catalogados como criminales.
Sin embargo, durante 1861 y como consecuencia de la degradación de las relaciones exteriores con las potencias europeas debido a la suspensión del pago de la deuda, Benito Juárez se vio obligado a ofrecer amnistía a los caudillos conservadores. Esto se hizo tanto para sumarlos a la defensa frente a una inminente invasión como para evitar que se unieran a los enemigos.
La única excepción a esta regla fue Márquez, quien, debido a las atroces matanzas que llevó a cabo durante la guerra y sobre todo por ser el ejecutor de destacados liberales como Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle, no recibió el perdón.
Con el avance de la crisis y la revelación de Francia como el verdadero enemigo, las defensas republicanas tuvieron que prepararse tanto para enfrentar a los franceses como para repeler los ataques de la banda de Márquez, la cual los atacaba sin mucho éxito, pero representaba un desvío de tropas para enfrentarlo.
Al ingresar los franceses a Orizaba, se enfrentaron a una visión poco alentadora tanto de los refuerzos conservadores como de las tropas de leva de los republicanos. Las carencias eran evidentes, desde la falta de armamento adecuado hasta la ausencia de uniformes. Según sus testimonios, muchos soldados mexicanos prácticamente andaban en harapos, lo que provocaba que, a su paso, algunos desertaran para unirse a las filas francesas en busca de paga o incluso comida.
En cuanto a la seguridad de los caminos, estaban prácticamente a merced de bandoleros que subsistían mediante asaltos a los transeúntes. Según sus descripciones, era común que los viajeros de México a Veracruz llegaran prácticamente desnudos a su destino, ya que las diligencias eran asaltadas hasta seis veces en el trayecto. Se señalaba a los indígenas como los principales perpetradores, y se mencionaba que esta situación había comenzado hacía pocos años.
Se ha argumentado que la implementación de la Ley Lerdo desde 1856, que despojó a la Iglesia de sus propiedades y desamortizó las tierras de las comunidades indígenas, fue la responsable del aumento de la delincuencia. La pérdida de tierras, la falta de medios de vida estables y los efectos de la guerra crearon el entorno propicio para el incremento del bandolerismo, apoyado por autoridades corruptas que permitían la impunidad de los crímenes.
Este clima de crimen en el contexto mexicano no era generalizado, ya que se inscribía dentro de la categoría de «bandolerismo social». Estos grupos se dedicaban a asaltar y atacar a personas adineradas, pero mantenían códigos que les impedían atacar a los campesinos, de quienes formaban parte. Así, fueron vistos como una suerte de justicieros que distribuían el botín entre los más necesitados. La ruina económica que vivió el país durante la primera mitad del siglo XIX alentó este tipo de prácticas. Dado un gobierno débil y quebrado por la inestabilidad política, resultaba imposible invertir en seguridad e infraestructura básica como los caminos, convirtiendo los viajes a lo largo del país en un verdadero riesgo para quienes necesitaban trasladarse de una ciudad a otra.
Ante este panorama anárquico, las comunidades se veían obligadas a unirse para repeler el despojo de los latifundistas o para intentar superar la desigualdad de siglos. Este fue el momento en el que surgieron movimientos agraristas para defender la vida comunal, como lo evidencian los movimientos conocidos como «guerras de castas», donde los indígenas se rebelaban contra el orden criollo, como en el caso maya o el de Manuel Lozada en Nayarit.
Occidente fue una región donde las agrupaciones reaccionarias tuvieron una mayor proliferación de movimientos populares conservadores. En este contexto, los caudillos ofrecían al campesinado una forma de defenderse de los abusos de un gobierno que no podía resolver sus problemas ni enfrentarlos, destacando el movimiento de Lozada, quien logró construir una «república campesina» que intentaba pactar tanto con el gobierno de Juárez como con el Segundo Imperio. Este movimiento no fue simplemente una revuelta campesina más, sino que contaba con el respaldo de los caudillos conservadores, quienes veían en él una oportunidad para mantener viva la lucha. Además, recibía apoyo de la burguesía de Tepic, como la familia García Vargas, los hermanos Rivas y la firma inglesa Barron Forbes.
Todo comenzó con una disputa de las comunidades indígenas del pueblo de San Luis contra la hacienda La Mojarra, acusada de haberles despojado de sus tierras en los últimos años de la colonia. El enfrentamiento se desató cuando Lozada, con armas en mano, exigió la devolución de las tierras al juzgado. Otras comunidades del cantón de Tepic y el sur de Jalisco se sumaron al conflicto, y en el contexto de la Guerra de Reforma, recibieron el apoyo de la Iglesia.
La adhesión de Lozada al conservadurismo era natural. Mientras los liberales contaban con el respaldo de los hacendados que se beneficiaban de las nuevas condiciones de tenencia de la tierra, él estaba del lado de las comunidades que luchaban por su supervivencia. Para él, era fundamental preservar el orden campesino que hasta entonces se mantenía, y la Iglesia representaba un símbolo de esa preservación. Lozada fue uno de los generales que se acogió al indulto de Juárez en 1862, pero como el gobierno de Jalisco no cumplió con lo pactado, los lozadistas tomaron Tepic y Santiago Ixcuintla, declarando su adhesión al imperio. Los franceses les garantizarían el financiamiento de su ejército.
La lucha de Lozada tenía implicaciones más amplias, como el intento de las élites de Tepic de separarse políticamente del estado de Jalisco. La rebelión agrarista cimentó las condiciones para lograr la autonomía al convertir a Tepic en un «distrito militar» dependiente del gobierno federal. A pesar de haber combatido del lado de los conservadores y el imperio, la fuerza que lograron hizo que, años después de su ejecución en 1873, el gobierno tuviera que respetar los pactos.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Gerardo Palomo Gonzales. Gavillas de bandoleros, “Bandas conservadoras” y Guerra de Intervención francesa (1863), de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de Mexico no. 23.
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Imagen: S/D. Guerrilleros mexicanos, 1872.
[…] Las gavillas conservadoras frente al gobierno de Juárez. […]