La forma en que la monarquía española cedió la soberanía del país, permitiendo que los franceses intervinieran en la sucesión de la corona y se adueñaran del control de los reinos, marcó el comienzo del fin del sistema conocido como Antiguo Régimen. Las antiguas autoridades monárquicas no fueron capaces de proteger la integridad de la nación, lo que llevó al propio pueblo a iniciar la guerra para expulsar a los invasores. Ante esta situación, se hizo necesario replantear el país, no como una propiedad de un rey absoluto que pudiera hacer lo que quisiera, sino como una nación en la que la misma gente decidiera su destino.
El regreso de la soberanía al pueblo ante la ausencia de un monarca generó dificultades para formar un frente unido que legitimara las decisiones tomadas. Este problema se hizo evidente al intentar establecer representaciones diplomáticas en el extranjero y gobernar las posesiones de ultramar. El caso de Sevilla, que había intentado reivindicar su autoridad sobre los territorios de ultramar, fue desestimado y se le obligó a desistir de cualquier intento de reivindicación.
Ante esta situación, se planteó la posibilidad de crear una Suprema Junta Central para unificar las funciones legislativas de las principales ciudades y fortalecer la lucha contra la invasión como una sola nación. Sin embargo, comenzaron a surgir cuestionamientos, como qué comunidades formarían parte de esta junta y cuál sería el tratamiento adecuado de la península en relación con las Indias.
La falta de claridad sobre qué constituía un reino, el destino de las juntas provinciales y su integración en la Suprema Junta representó un problema creciente, especialmente ante el constante avance de las tropas napoleónicas por la península. A esto se sumaba la ineficacia de los mandos militares, incapaces de frenar la invasión. La única forma en que se logró mantener la resistencia fue gracias al patriotismo de los españoles, quienes continuaron luchando contra los franceses.
Sin embargo, el proceso legislativo enfrentaba problemas de legitimidad, ya que se encontraba en conflicto con las viejas constituciones reales. Para resolver este obstáculo, se adoptó la figura de la Regencia, utilizada tradicionalmente en caso de minoría de edad del monarca, lo que permitía asegurar la continuidad del reinado de Fernando VII. Al estar el rey prisionero, la Regencia se vio facultada para tomar las decisiones necesarias para la gobernabilidad.
Esta figura no fue bien recibida por los políticos liberales, quienes veían en la Regencia una perpetuación del Antiguo Régimen, lo que atentaba contra sus ideales de igualdad para todos los miembros de la monarquía. El problema principal era que se estaba ignorando el asunto de las colonias de ultramar, que no estaban siendo tomadas en cuenta en las decisiones, mientras Napoleón les enviaba misivas alentándolas a tomar el camino hacia la independencia.
Ante esta situación, se volvió necesario replantear las funciones de las figuras tradicionales de la monarquía, como la nobleza, y asegurar que se superaran los problemas que enfrentaba la nación en los nuevos tiempos. Era evidente que las cosas no podían seguir como antes.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura
Federico Flores Pérez
Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España.
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Imagen: Sello de armas utilizado por la Junta de Sevilla en los papeles públicos. siglo XIX
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