En el contexto del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, la relación de México con el antiguo Reino de Guatemala resultaba bastante ilusoria. Ni el emperador ni ninguno de sus ministros conocía la realidad de los territorios centroamericanos. El único que estaba al tanto de la problemática de estos territorios era el brigadier Vicente Filísola, quien trató de mantener el control de la situación política.
Durante el proceso de conversación e integración de las comunidades para la aceptación del orden Trigarante, Filísola llegó a la conclusión de que para asegurar el dominio mexicano en el septentrión, era necesario restituirle a Guatemala su papel como centro político del reino, en contraposición con la promesa inicial de asegurar la autonomía de las provincias respecto al poder chapín. Tampoco veía factible la promesa hecha a los imperialistas guatemaltecos de beneficiarlos con la riqueza mexicana. Para Filisola, era fundamental que las provincias participasen en labores como la defensa de las costas con sus propios recursos y hombres. De lo contrario, el control debía residir en un mando centralizado de fuerzas mexicanas con amplia capacidad de movilidad.
Uno de los problemas que tenía el gobierno imperial mexicano para asegurar su porvenir era el reto autonomista proveniente de San Salvador, encabezado por el clérigo José Matías Delgado. Para Filísola, era grave que una provincia de 40,000 habitantes con 12 a 15 pueblos representara un peligro que podía influir negativamente en la relación con el resto de las poblaciones, permitiéndoles imponer condiciones en su relación con México o incluso exigir su independencia.
Otro problema sin resolver era la defensa de la costa atlántica, un territorio vulnerable a cualquier ataque extranjero. Esto quedó demostrado con las incursiones del filibustero independentista Louis-Michel Aury, quien en 1821 atacó con éxito los puertos de Omoa y Trujillo. Además, existía la posibilidad de que la costa atlántica fuera la vía para una expedición de reconquista española, como proponía Manuel Vela, extesorero realista de Guatemala, a Fernando VII, sugiriendo enviar una fuerza de 2,000 hombres a la costa de Honduras.
En contraste, las élites chapinas, como la familia Aycinena, estaban más preocupadas por la presencia británica en Belice, fortalecida por la colonia de Jamaica, y temían que los británicos decidieran apoderarse de Nicaragua, una provincia por la que habían mostrado interés. Sin embargo, esta opinión no era compartida por Filísola, quien percibía la amenaza británica como menor en comparación con otros riesgos.
Cualquiera que fuera la amenaza que se cerniera sobre Centroamérica, el principal obstáculo para asegurar el dominio mexicano era la falta de inversión en la defensa de los principales puertos en ambas costas del océano. Esta tarea era imposible ante el evidente estado de quiebra de las arcas del imperio y nunca fue contemplada como parte de la “doctrina Iturbide.” Un ejemplo de esto es la petición de Gabino Gaínza de fortificar el puerto de San Felipe del Golfo en el Lago Izabal, que el Secretario de Relaciones encargó a Filísola conseguir 50,000 pesos sin comprometer al gobierno.
Dadas estas importantes deficiencias, para Filísola era evidente que la posesión de Centroamérica como parte de México era inútil, ya que no representaba ninguna utilidad para el imperio. Las deficiencias económicas, sumadas a los fuertes problemas políticos entre chapines y los autonomistas provinciales, hacían imposible sacar algún provecho de los cuantiosos recursos del territorio. A esto se suma la idea simplista que mantenía Iturbide sobre la posesión del Reino de Guatemala, pensando que, al realizarse la anexión, el propio gobierno guatemalteco podría autofinanciarse con sus recursos, por lo que nunca estuvo entre sus planes proporcionarles dinero del erario para mantenerse.
La situación de las arcas del imperio era catastrófica. Se calcula que para 1822 la Hacienda Pública mantenía un déficit de 3 millones de pesos, los cuales no podían resolverse ni incrementando las tarifas arancelarias, ni con los donativos y préstamos forzosos, ni con la reducción de salarios del servicio público. Era evidente que el gobierno estaba forzado a cobrar más impuestos a la sociedad, situación a la cual se oponía el Congreso y que definió las pautas para la caída de Iturbide.
Ante la imposibilidad de recibir recursos por parte de México, Filísola tuvo que ingeniárselas para obtener financiamiento de la élite chapina para financiar la tropa, logrando reunir en sus primeros meses 30,000 pesos por parte de los imperialistas locales. Una vez que asumió el mando de la provincia en abril, instituyó la recaudación de préstamos y donativos voluntarios, medida que fue apelada por los primeros donadores.
Las élites ofrecieron a Filísola alternativas como restablecer las alcabalas, acuñar monedas de cobre y tener a su disposición el oro y la plata que la Iglesia no estuviera usando. Era evidente la necesidad de los chapines de contar con los servicios de la División Auxiliar si querían vencer a los rebeldes salvadoreños, por lo que tenían que apoyar cualquier medida del gobierno mexicano para mantenerse financiado por los guatemaltecos.
Para el 12 de julio, el ayuntamiento mexicano hizo otra exhortación para recaudar más tributos, y las primeras respuestas provinieron de las élites. El arzobispado y el cabildo eclesiástico aportaron 4,400 pesos, las monjas de la Concepción donaron 4,000 pesos, el provincial dominico contribuyó con 2,000 pesos y 52 caballos, y el provincial de la Merced dio 300 pesos. En cambio, hubo otros sectores del gobierno que se negaron a aportar debido a su inconformidad por diversas situaciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento se opuso debido a la reducción de un 16% de sus salarios por decreto imperial. Los miembros del Consulado apelaron la orden de elevar los aranceles impuesta por México, y otros funcionarios del gobierno, dependencias, corporaciones y conventos también se sumaron a la desobediencia.
En total, Filisola solo logró recaudar 17,000 pesos de la sociedad chapina para septiembre. Ante la incapacidad del gobierno imperial de proporcionarle recursos, siguió los consejos de los potentados chapines y restauró las alcabalas con un cobro del 4%. Además, impuso un impuesto del 20% al aguardiente, acuñó moneda de cobre y suspendió las pensiones honorarias, todo con el fin de darle sostenibilidad al gobierno mexicano en Guatemala.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Mario Vázquez Olivera. El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. Proyecto político y campaña militar, 1821-1823.
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Imagen: Juan de Dios Gonzalez. «Plano de los tres Rios de Balyz, Nuevo y Hondo. Cituados entre el Golfo Dulze o Provincia de Goatemala y la de Yucatán», 1764.
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