Una vez sofocados los intentos de autogobierno que intentaron ofrecer una respuesta ante la ausencia del rey, los políticos peninsulares se dispusieron a convocar a todos los integrantes de la monarquía hispana para enviar representantes y tomar decisiones sobre cómo debía gobernarse mientras regresaba Fernando VII, como parte de una nación. De este modo, intentaban calmar los reclamos americanos, que protestaban por no ser tomados en cuenta en las decisiones tanto de sus respectivos reinos como del estado español en general, tratando de eliminar la percepción de que se les trataba como colonias en lugar de partes integrantes de la nación.
Sin embargo, a pesar de los aparentes buenos deseos, los peninsulares tenían claro que sus decisiones pesaban más que las de los americanos. Esto se manifestó en la distribución de representantes: la península tendría 250, mientras que los reinos de Indias contarían solo con 30, bajo el pretexto de asignar un representante por cada ciudad de 50,000 habitantes. Esto además excluía de manera tajante a los afrodescendientes, quienes no eran considerados ciudadanos.
Estas disposiciones fueron motivo de protestas en provincias como Quito y el Alto Perú (actual Bolivia, partes de Argentina, Perú y Chile), que temían no contar con la representación suficiente para llevar sus demandas a las cortes. En cambio, los principales centros virreinales no presentaron muchas quejas, ya que consideraban que esta desventaja podría ser compensada en otros ámbitos.
En la Nueva España, la elección de los representantes fue vista como una oportunidad para vengarse de los peninsulares que impulsaron el golpe de estado contra el virrey Iturrigaray y el Ayuntamiento de la Ciudad de México. De este modo, se comenzó a promover a representantes que denunciaran en España los abusos cometidos por este sector de la sociedad, que se creía por encima de los demás, y que reclamaran el apoyo que habían recibido.
Las cosas en la península se complicaban, ya que la provincia de Andalucía caía en manos de la invasión francesa. Esto intensificó el malestar entre los representantes americanos que estaban en desacuerdo con la desigualdad en la representación y el injusto sistema de suplencias, que permitía que cualquier ciudadano americano, aunque no fuera del territorio representado, tomara el lugar de otro. Ante esta situación, los criollos comenzaron a perder la esperanza en la reinstauración de una monarquía ultramarina, lo que fortaleció los ideales autonomistas y la demanda de independencia, considerando la creciente pérdida de legitimidad de la Junta Central.
Para 1810, la situación era crítica. Mientras que los virreinatos de Perú y Nueva España mantenían su lealtad al proyecto juntista, en Caracas y Buenos Aires habían estallado movimientos independentistas, lo que representaba una seria amenaza para el orden virreinal.
El sentimiento de solidaridad que había surgido en 1808 y 1809 para enfrentar la invasión napoleónica comenzaba a agotarse en América, dando paso a un enfoque en la identidad de cada reino y provincia. Los criollos empezaron a reivindicarse al asociarse más con el pasado precolombino que con el hispano, utilizando esta conexión para legitimar su discurso independentista.
La noción de que la monarquía hispánica se sostenía en la columna peninsular y en la de ultramar se debilitaba ante la ineficacia de los políticos españoles para abordar las inquietudes de los indianos. Estas inquietudes se fundamentaban en la idea de que, al ser reinos en igualdad de condiciones, tenían el derecho de formar Juntas gobernativas para autogobernarse en ausencia del rey. Atenerse a las decisiones de la península era percibido como un trato colonial. En respuesta, los políticos españoles argumentaron que solo los territorios invadidos por Napoleón tenían la legitimidad para formar juntas constituyentes.
El caso de la insurgencia novohispana difería de los movimientos en Nueva Granada y el Río de la Plata. Mientras que en estos lugares las luchas por el poder político se centraron en las principales ciudades, en México se trató de una rebelión provincial. Este fenómeno estuvo influenciado por la fallida Junta que se intentó formar en la capital, la cual fue desmantelada por los peninsulares.
Desde la Junta de Zitácuaro en 1811, se criticaba la postura de los españoles que llamaban a respetar la autoridad del virrey. Se argumentaba que, a pesar de que los virreyes en la península continuaban en funciones, se les había permitido desobedecer su poder, permitiendo que el pueblo estableciera sus propias audiencias. La iniciativa de la Ciudad de México de constituirse como cabecera de la Junta y la preeminencia legal de la capital llevaron a que los movimientos provinciales se inclinaran hacia el centralismo, en lugar de buscar establecer sus propias estructuras de gobierno.
El planteamiento americano buscaba hacer valer la igualdad que los españoles proclamaban entre peninsulares y los reinos de Indias. Sin embargo, las acciones de los políticos, su lenguaje que constantemente diferenciaba a los americanos de ellos, y la subrepresentación en los nuevos procesos legislativos dejaban en claro que lo que proponían las autoridades realistas era una mera ficción.
El peninsular estaba por encima de los americanos, y solo ellos eran considerados capacitados para tomar decisiones de gobierno en los territorios americanos. La denominación de “reino” era solo un título atractivo que ocultaba la verdadera posición colonial. Para la población criolla, era evidente que, a pesar de su lealtad al rey, seguirían siendo vistos como inferiores ante los verdaderos españoles.
Así, su única verdadera identidad podría encontrarse en sus propias tierras de origen, en lugar de en la hispanidad de ficción que se promovía. Quedaba como único camino la búsqueda de su propio porvenir.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura
Federico Flores Pérez
Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España.
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Imagen: Vista de la ciudad de Sevilla desde Triana en el siglo XVI.
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