Para finales del año, la crisis era incontenible y estaba a punto de escalar al nivel social. La continua devaluación del peso, la disminución del poder adquisitivo, el derrumbe bursátil que esfumó el capital de los pequeños ahorradores y la amenaza del sector obrero de entrar en una huelga generalizada para pedir aumentos de salario fueron retos que parecían superar las capacidades del gobierno de Miguel de la Madrid. A pesar de haber logrado el apoyo del líder de la CTM, Fidel Velázquez, para contener los reclamos del sector sindical, los empresarios no estaban conformes con los planes de austeridad propuestos por el gobierno para contener la inflación en 1988. Por ello, mantuvieron su desconfianza ante las medidas propuestas y no regresaban sus inversiones al país.
Además de la crisis económica y social vivida en el país, en la política se estaba fracturando la estructura del PRI. Los más inconformes eran del sector nacionalista, representado por Cuauhtémoc Cárdenas, quienes llamaban a democratizar las decisiones internas para frenar el avance del neoliberalismo y atender los reclamos sociales. Un punto de quiebre fue la selección de Carlos Salinas de Gortari como candidato del PRI para las elecciones presidenciales.
Los planes implementados por el gobierno incluían un recorte en el gasto público y la promoción de la privatización de más empresas paraestatales. Sin embargo, estas medidas no despertaron el interés del capital privado por adquirirlas. La expectativa era que la devaluación del peso, los bajos salarios, la contracción de la demanda interna y la liberalización del mercado pudiesen, tarde o temprano, atraer el interés de inversionistas extranjeros hacia las exportaciones mexicanas.
Un consejo tomado por De la Madrid provino del expresidente Luis Echeverría, quien en un desayuno sugirió la necesidad de mantener la centralidad política presidencialista en torno a las organizaciones gremiales e intentar dialogar con los actores económicos. A diferencia de Echeverría, De la Madrid trató de hacerlo de forma discreta antes de revelar cualquier plan. Así, instruyó a sus secretarios de Hacienda y Programación y Presupuestos para llegar a acuerdos con los sectores obrero, campesino y empresarial. De estos esfuerzos nació el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), con el cual todos los sectores compartirían los sacrificios necesarios para rescatar la economía.
Este pacto, sin embargo, no obtuvo la aprobación del FMI, y el gobierno tuvo que valerse de las reservas internacionales, valuadas en 13,700 millones de dólares, para sostener la demanda de divisas y encauzarlas hacia lo propuesto en los acuerdos.
Según los postulados del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), todos los sectores debían controlar la subida de precios de los productos, ajustándolos según los márgenes de la inflación convenida en lugar de subir precios basados en sus expectativas sobre la inflación. Para mantener el control y la información fluida, se realizaron constantes reuniones con sus líderes.
Las medidas implementadas por el gobierno incluían:
Un recorte del gasto público del 1.5% del PIB.
El despido de 100,000 trabajadores.
La eliminación de subsidios (excepto los agrícolas).
Continuación con la privatización de empresas.
Reducción de aranceles en un 20%.
Eliminación de permisos previos de importación.
Un aumento salarial del 20% para los trabajadores.
Compromiso del campesinado de mantener precios de garantía para los productos de la canasta básica.
Aceptación por parte del sector empresarial de la competencia de productos importados.
El PSE fue firmado en diciembre, y su implementación se acordó para marzo de 1988, dando tiempo a los diferentes sectores para adaptarse a las nuevas condiciones y ajustar los precios. Este período de ajuste provocó inicialmente un aumento en los precios, elevando la inflación del 14.8% al 15.5%. Sin embargo, a partir de febrero, la inflación comenzó a disminuir, alcanzando un 8.3%. Los campesinos y trabajadores tuvieron que confiar en los resultados de la maniobra para aceptar la baja de ingresos.
Una vez puesto en marcha, el PSE comenzó a controlar la inflación, logrando reducirla hasta un 52%, un tercio de la tasa de 1987. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 1.3% gracias a las medidas de austeridad del gobierno. Sin embargo, a nivel social, esto implicó una disminución del ingreso per cápita de un 0.5% y una reducción de los ingresos del 5.4%, niveles similares a los alcanzados durante la crisis de 1982.
La tendencia desigual de los beneficios del PSE se manifestó en todos los sectores. Por un lado, se elevó la inversión privada en un 10%, las importaciones en un 37% y las exportaciones crecieron en un 5%, mientras que las exportaciones no petroleras aumentaron un 15%. Estos incrementos fueron consecuencia de la caída del mercado interno, las ventajas de la moneda devaluada y los bajos salarios. Sin embargo, la balanza de pagos cayó precipitadamente de 8,700 millones de dólares en 1987 a 1,700 millones en 1988, la cuenta corriente quedó en 2,400 millones y las reservas internacionales disminuyeron de 13,600 millones a 6,600 millones.
La disminución de las reservas fue consecuencia de la desaprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de los acuerdos, lo que provocó la suspensión de créditos. Por lo tanto, fue necesario utilizar las reservas para mantener estas condiciones que ofrecían una mayor competitividad económica, costando 6,000 millones de dólares.
Además del adelgazamiento de las reservas, quienes fueron castigados fueron los sectores medios y bajos de la sociedad como consecuencia de las alzas inflacionarias. La elevación de los salarios del 20% resultó insuficiente frente a una inflación del 40%. El bajo crecimiento del empleo, que apenas alcanzó un raquítico 1% en las actividades agrícolas y de producción eléctrica, sumado a las pérdidas de empleo en otros sectores, agravó la situación.
Todos estos movimientos provocaron que el salario mínimo retrocediera en realidad un 12.7%, representando una pérdida del 62% del poder adquisitivo de los trabajadores. Aun con estos saldos negativos, el PSE representó una medida exitosa al lograr abatir la inflación a un tercio de lo que estaba, encaminándola a la meta de mantenerla en cifras de un dígito, como se lograría en los sexenios posteriores.
Con ello, Miguel de la Madrid demostraba el funcionamiento del modelo neoliberal sobre la reducción de la presencia del estado en la economía, logrando un aumento de la percepción positiva de la sociedad sobre las medidas del PSE. Esto hacía más inciertos los resultados de las elecciones, con la opción de Cuauhtémoc Cárdenas de regresar al modelo de la «Revolución Mexicana».
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: José Luis Ávila. La era neoliberal.
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Imagen: Miguel de la Madrid y su esposa durante la inauguración del Mundial de Mexico 1986. Fuente: https://www.sinembargo.mx/01-04-2012/195622
[…] La estructura de la crisis de 1987. […]