El orden absolutista imponía sus directrices a todos los reinos indianos, y estas debían ser implementadas en las provincias. Sin embargo, las órdenes mendicantes no comprendieron completamente este nuevo enfoque y querían seguir con las antiguas prerrogativas que habían mantenido desde los tiempos de la evangelización. Un ejemplo de esto ocurrió en Baja California, donde los dominicos pretendían ejercer los mismos privilegios que los jesuitas habían tenido recientemente.
Ante esta situación, el gobernador de la provincia entre 1775 y 1782, Felipe Neve, propuso la secularización de las misiones. Su objetivo era que las misiones pasaran a una administración civil, dejando a los religiosos únicamente con su función espiritual. De este modo, se buscaría impulsar el progreso del territorio bajo una gestión más acorde con las nuevas directrices absolutistas.
Los misioneros se sorprendieron por la acusación del gobernador de que ellos eran responsables del atraso en la provincia. Argumentaban que el gobierno provincial estaba obstaculizando su labor al retirar las guardias de las misiones y sus sirvientes, y alentar a los indígenas a incumplir con las obligaciones que tenían con los frailes, como el trabajo en los campos de cultivo.
Los misioneros defendían sus prerrogativas basándose en el “derecho divino”, que les otorgaba el papel de guías morales de la sociedad. Aunque respetaban la autoridad del rey y del gobernador, pedían que el gobierno civil se abstuviera de inmiscuirse en la economía del sistema misional. Consideraban que debían tener la libertad para tomar las decisiones necesarias para aprovechar los recursos y avanzar en el proyecto evangelizador sin la interferencia del gobierno civil.
La defensa de los dominicos se basaba en los avances logrados en la conversión al cristianismo de las tribus indígenas, lo que aseguraba que el sistema misional estaba produciendo resultados que serían difíciles de replicar si se les retirara la responsabilidad. Esta perspectiva iba en sentido contrario a la idea del gobierno, que promovía la integración de indígenas y españoles en igualdad dentro de la sociedad novohispana. Para contrarrestar el orden misional, circulaban rumores de que los misioneros maltrataban a los indígenas.
En contraste, el gobierno civil estaba más alineado con el clero secular para cumplir con el papel espiritual requerido por la sociedad. Esto formaba parte del intento de la monarquía de subyugar a la iglesia y de integrar a los clérigos seculares como funcionarios del rey, en lugar de permitir que los misioneros mantuvieran sus antiguos privilegios y estructuras.
Otro argumento del estado contra el sistema misional era que contravenía los derechos civiles de los indígenas al someterlos a un sistema paternalista. Aunque las misiones funcionaban como repúblicas ordenadas, cada acción de los nativos debía ser aprobada por el misionero. En el contexto de la Ilustración, se argumentaba que los indígenas habían perdido su libertad para alcanzar beneficios económicos individuales, y que su convivencia con los españoles les permitiría aprender a aprovechar mejor su trabajo, facilitando así su integración.
Los dominicos rechazaban esta idea, afirmando que era una excusa para justificar la negativa de los misioneros a enviar a los indígenas a trabajar en las minas, con el fin de que los españoles obtuvieran beneficios de su trabajo. Este argumento se veía como un intento de evitar que los indígenas se integraran plenamente en la sociedad novohispana.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Francisco Altable. Al cesar lo que es del cesar. El conflicto de Iglesia y estado en la California Dominica, revista Secuencia no. 92.
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