En las concepciones históricas populares, existe una gran tendencia a atribuir la responsabilidad de los movimientos de independencia a la acción de las logias masónicas que supuestamente estaban presentes en el virreinato. También se acepta que la Iglesia respaldaba ampliamente el absolutismo, argumentando que el derecho a gobernar estaba otorgado por Dios a las dinastías reinantes. Sin embargo, en el caso de la Nueva España, no hay evidencias que indiquen la presencia de la masonería en la primera generación de independentistas. De hecho, hubo muchas reservas respecto a inspirarse en otros movimientos, como la Revolución Francesa. Por el contrario, personajes como Hidalgo y Morelos se basaron en elementos del derecho canónico para rebelarse contra los abusos cometidos por la minoría peninsular sobre los novohispanos.
La principal influencia provino de las enseñanzas dejadas por los jesuitas, quienes transmitieron a sus estudiantes las doctrinas del teólogo y jurista Francisco Suárez (1548-1617), uno de los grandes académicos de la Universidad de Salamanca. Suárez interpretó la Biblia para proporcionar al pueblo una defensa válida ante los abusos de los gobernantes.
Para llegar a estas conclusiones, Suárez utilizó tanto argumentos jurídicos como teológicos para establecer los límites que el rey tiene respecto a su pueblo. Si estos límites eran rebasados, el rey perdía toda autoridad para gobernar y sus súbditos adquirían el derecho a desobedecerlo y derrocarlo, considerándolo un tirano al que se podía incluso dar muerte. Suárez desarrolló este concepto en varios de sus trabajos, incluyendo libros como «Defensa de la fe», «Sobre las leyes», «Sobre la guerra», «Sobre la obra en seis días» y el tratado «Opus de triplici virtute theologica, Fide, Spee et Charitate». Es en «Defensa de la fe» donde critica la polémica jura de fidelidad del rey de Inglaterra, Jacobo I, quien ascendió al trono en 1603 y afirmaba la «supremacía» de la monarquía tanto en lo espiritual como en lo temporal, justificando así la persecución continua de los católicos iniciada por Enrique VIII.
Los años finales del siglo XVI y los primeros del XVII fueron muy agitados en el contexto político europeo, como lo demuestran los asesinatos de los reyes Enrique III en 1589 y Enrique IV en 1610 en Francia, así como el fallido intento de la «conspiración de la pólvora» perpetrada por Guy Fawkes contra Jacobo I en Inglaterra. Estos eventos reflejan la lucha entre las comunidades católicas y protestantes en Europa.
Para Suárez, el hecho de que el monarca pudiera gobernar también en el ámbito espiritual de sus súbditos representaba un abuso falaz que traspasaba las competencias de la «simple obediencia civil». Según él, esto significaba que el monarca dejaba de ser un rey para convertirse en un tirano, definido como un gobernante absoluto sin ningún contrapeso por parte de la ley. En la concepción de la época, un rey se convertía en tirano cuando ascendía al trono por la fuerza o gobernaba en beneficio propio, despreciando el bien común. Un tirano no temía perseguir, robar y cometer cualquier injusticia. Estos principios fueron abordados por Santo Tomás de Aquino para guiar a los soberanos sobre el ejercicio de un buen gobierno.
Suárez deja claro en su argumentación que ningún súbdito tenía autoridad legítima para matar a un gobernante por crímenes del orden común. Sin embargo, cuando el gobernante caía en la tiranía, podía ser asesinado sin que esto justificara ningún castigo posterior. Esta idea se basa en la propuesta de Jean Petit en el siglo XV, quien planteó el asesinato del Duque de Orleans por parte del Duque de Borgoña en el Concilio de Constanza.
En esa época, había juristas que mantenían opiniones ambivalentes sobre el tiranicidio. Algunos aceptaban la premisa, otros la rechazaban, y también estaban aquellos que se inclinaban hacia los malos gobernantes con títulos ilegítimos. Todos partían de la idea de que no había causa justa para acabar con un rey a quien por derecho le correspondía gobernar, incluso si era un soberano deficiente. Sin embargo, Suárez sostenía que si existían atenuantes jurídicos para permitir el tiranicidio, la legitimidad heredada para ejercer el poder no debería ser un impedimento cuando se trataba de un mal gobernante. Siguiendo la doctrina de John Wyclif y Jan Hus, Suárez argumentaba que los reyes perdían su señorío al caer en pecado mortal, lo que daba libertad al súbdito para castigarlos. Según Wyclif, Dios, al ser el dueño absoluto del universo, podía asignar la potestad del dominio sin ningún intermediario, como el Papa. La única fuente de legitimidad era no incurrir en pecado mortal, y si esto ocurría, Dios se encargaría de castigarlo en el momento de su muerte. Los súbditos debían obediencia, pero esta facultad se perdía si había evidencias claras de pecado ante el pueblo.
Aunque las ideas de Wyclif y Hus fueron condenadas por la Iglesia católica por negar la autoridad del Papa al considerarlo un poder aristocrático, la absolución del duque de Borgoña dentro del Concilio de Constanza salvó el concepto de cualquier interpretación herética. Sin embargo, se hizo hincapié en la necesidad de actuar contra los usurpadores y no contra los monarcas legítimos. Para Suárez, el incumplimiento del deber del rey para con sus súbditos no podía ser evadido por el hecho de si tenía derecho a gobernar o no. Los pactos debían cumplirse, y uno de los deberes de la clase gobernante era velar por el bienestar del pueblo. Por lo tanto, los súbditos tenían la potestad de desobedecerlo o derrocarlo según sus intereses y en defensa de sus derechos.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Pablo Font Oporto. El núcleo de la doctrina de Francisco Suarez sobre la resistencia y el tiranicidio, de la revista Pensamiento, vol. 69.
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Imagen: S/D. Retrato de Francisco Suarez.



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