Desde la llegada del archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica, solo se dieron encontronazos entre el clero mexicano y los representantes de El Vaticano, como el nuncio Meglia. Su principal motivo para llevar a cabo la rebelión contra los liberales era recuperar sus prerrogativas, pero su desconexión del mundo era tal que dentro de la política europea, su posición ya no tenía lugar y llegaron a considerarse anacrónicas.
Ante la negativa del clero para aceptar la implementación de las reformas, desde diciembre de 1864 hasta diciembre de 1865, Maximiliano se dedicó a publicar una serie de decretos, leyes y circulares que dieron forma a la llamada “Tercera Reforma”. En esta, básicamente se ratificaron todas las acciones implementadas tanto por Juárez como por la Constitución de 1857. Estas medidas incluyeron la desamortización de los bienes de la Iglesia, la secularización de los servicios al ciudadano, la supresión de los pagos parroquiales y la garantía de la libertad religiosa.
Maximiliano justificó la implementación de estas leyes como parte de su intento por negociar con el clero para llegar a un acuerdo. Sin embargo, el nuncio se excusó al argumentar la necesidad de consultar previamente con el Papa. Ante la situación de guerra imperante en el país, Maximiliano consideró necesario actuar para disminuir la violencia.
Uno de los principales golpes dados por el emperador hacia la Iglesia fue avalar el decreto de Juárez de 1859 sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Los principales beneficiarios de este movimiento fueron los sectores acaudalados, que iban desde grandes empresarios hasta inversionistas extranjeros que aprovecharon para adquirir bienes inmobiliarios a precios muy bajos.
El emperador aseguró a los nuevos propietarios que su inversión no se vería perjudicada y que se respetaría su posesión, incluso incluyendo propiedades requisadas durante el interinato bajo la regencia del mariscal Federico Forey, lo que selló la imposibilidad para el clero de recuperarlas.
Sin embargo, para evitar que la Iglesia se arruinara ante tales pérdidas, Maximiliano reafirmó su compromiso con ella, asegurando que el estado sería el principal financiamiento de la institución. Además, propuso que los sacerdotes sirvieran como funcionarios del estado. Esta propuesta, que se había planteado desde la primera reforma de 1833 y se volvió a debatir en 1857, fue completamente desaprobada por la Iglesia, que la consideró un atentado a sus intereses.
Esto llevó a que el 29 de diciembre de 1864, los arzobispos de México y Michoacán, junto con los obispos de Oaxaca, Tulancingo y Querétaro, publicaran una manifestación donde expresaban su oposición a estas medidas. Argumentaron que seguían las disposiciones del Sumo Pontífice y solicitaron su derogación, ya que temían que pudieran agravar la violencia en el país. Además, dejaron claro que tanto el Estado como la Iglesia deben trabajar juntos para alcanzar la paz.
En respuesta, Maximiliano reprendió públicamente el comportamiento del alto clero en la política nacional. Desconoció su capacidad para reprender a cualquier gobierno por su accionar, ya que no tenían autoridad alguna. Además, los acusó de no estar al tanto de las conversaciones llevadas a cabo ni con el Papa Pío IX ni con su nuncio Meglia. En cambio, los instó a reflexionar sobre sus acciones y les recordó sus obligaciones hacia el pueblo mexicano, exhortándolos a servir con humildad y dulzura, con el fin de volver al verdadero catolicismo y velar por el bienestar de la feligresía.
Con esa intención, Maximiliano llamó al nuncio Meglia para llegar a un acuerdo que pusiera fin a la controversia. Le pidió que llevara a cabo las negociaciones con el ministro de Justicia, Pedro Escudero y Echánove, quien era el principal soporte legal del imperio y responsable de la conformación de sus leyes.
En esta ocasión, el nuncio Meglia adoptó una posición más conciliadora que en las entrevistas anteriores con los emperadores. Reconoció la imposibilidad de llegar a cualquier acuerdo con la participación directa de Roma. Sin embargo, al día siguiente, el emperador manifestó que el nuncio había dado marcha atrás en su posición. Maximiliano se justificó diciendo que solo estaba actuando conforme a lo que se había hecho en otras naciones católicas, asegurando que no se estaba afectando el dogma.
Al ver la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Maximiliano expuso que el pueblo mexicano no había sido debidamente formado en los valores católicos debido al descuido por parte del clero. Por tanto, le importaba poco la opinión de este último, ya que él se aseguraría de demostrar que México era un país católico.
Si bien Maximiliano se encargó de alejar del país a los principales mandos conservadores como Miguel Miramón o Leonardo Márquez para evitar conspiraciones con el clero, esto debilitó su gobierno al impedirle crear una milicia popular, especialmente porque el mando francés, Aquiles Bazaine, se aseguró de que no se formara debido a su desconfianza hacia los mexicanos.
Aunque Maximiliano confiaba en que un gobierno liberal traería paz y progreso a México, socialmente ya no era factible. El pueblo tenía años de experiencia en la vida republicana y consideraba ajena la presencia de un gobierno monárquico. Tampoco ayudaba el conflicto con el clero, que había facilitado su llegada al poder. Era evidente la imposibilidad de negociar con el clero o el nuncio, como expresaba Carlota en su correspondencia con la emperatriz María Eugenia de Francia, donde mencionaba su enemistad con el nuncio Meglia y el arzobispo Labastida.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura
Federico Flores Pérez
Bibliografía: Patricia Galeana. Las relaciones Estado-Iglesia durante el Segundo Imperio.
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Imagen: Entrada a la ciudad de México, el 12 de junio, de sus majestades el emperador Maximiliano y la emperatriz, litografía en Le Monde Illustré, 30 de julio de 1864, p. 72.
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