La lucha en la que se vio sumergida España contra las fuerzas invasoras de Napoleón hizo que se replanteara la forma en que debían formularse los nuevos lazos con los reinos de Indias. Sobre todo, se enfrentaban a los idearios de la Revolución Francesa, que estaban impregnando diferentes sectores de la sociedad y eran vistos como una amenaza.
El sector progresista se vio inmiscuido en un gran dilema. Por una parte, estaban en contra de establecer nuevamente un orden militarista que pudiese evocar una vuelta al despotismo. Por otro lado, tenían claro que tampoco era una alternativa la federalización pedida en ultramar, ya que evocaba de manera permanente la independencia de los reinos americanos.
La alternativa que proponían era igualar los privilegios y fueros de la Corona de Aragón, el Principado de Asturias y el País Vasco a los contextos americanos. Sin embargo, esto chocaba con las bases mismas del reino de Castilla, donde no existía ningún atisbo que pudiera encajar dicha propuesta en el orden monárquico.
La solución que encontraron fue regresar a los principios básicos de la monarquía, que consistía en retomar los argumentos bajomedievales sobre los acuerdos establecidos entre el rey y su pueblo. De este modo, era posible restablecer las relaciones entre ambos para dar lugar a un modelo representativo que pudiera imitar el parlamentarismo británico, sin renunciar a su herencia histórica.
El problema con esta propuesta radicaba en la imposibilidad de equiparar las condiciones en que se desarrollaron los municipios y villas peninsulares con las diferentes provincias de Indias. Estas provincias se conformaban en un contexto diferente al medieval europeo, basado en el corporativismo de sus partes para su estructura.
Este obstáculo hacía imposible la meta de crear una identidad hispánica ultramarina, que solo era vista como un mero accesorio sin mayor significado. Además, resultaba complicado unificar un solo concepto que negase las particularidades de cada territorio.
La indefinición para lograr un concepto adecuado de nación generó una seria división entre los diputados americanos y los provincialistas peninsulares. Sin embargo, ambos compartían la necesidad de crear el concepto de una nación universal en contra del pluralismo, que tendía a la dispersión. Era, por tanto, necesario extender la idea de libertad por todos sus confines.
Uno de los acuerdos a los que se llegó en la redacción de la Constitución de Cádiz fue definir a lo español como la reunión tanto de peninsulares como de indianos, considerándolos iguales. Este enfoque colocó al propio orden constitucional por encima tanto del pueblo como de la monarquía, al ser la única garante capaz de asegurar la uniformidad de todos los componentes del imperio.
Sin embargo, este concepto chocaría con las divisiones sociales presentes en América entre criollos e indígenas. Esto representaba un reto mayor para la definición de la población afrodescendiente, ya que no llevaban el mismo tipo de vida, lo que dificultaba la aplicación del concepto de nación a ellos. Por ello, uno de los primeros acuerdos fue asignar la ciudadanía solo a quienes se habían asimilado al modo de vida europeo.
Los diputados americanos eran concisos con sus peticiones para asegurar la gobernanza de los reinos. En primer lugar, solicitaban la igualdad de derechos con los europeos. En segundo lugar, exigían la extensión de la participación nacional de los americanos como parte integrante de la Monarquía. En tercer lugar, pedían amnistía u olvido de los problemas y fricciones con los territorios de ultramar.
Esta noción fue aceptada, pero la aplicación de estos principios tendría que ser gradual, con el objetivo de detallar la estructura legal en la que se iba a implantar el nuevo orden. En una reunión secreta, se declaró a Ultramar como parte de la familia, la Monarquía y la Nación española, formalizando así su posición en los dos hemisferios.
Sin embargo, esta definición se iría puliendo poco a poco debido a las ambigüedades que conllevaba el concepto. Esto era importante, ya que podría incluir a los portugueses, quienes desde el período romano han sido parte de Hispania. Por ello, se definió lo español como todo aquel que fuera regido bajo el gobierno de Fernando VII, siguiera la legislación española y perteneciera a la Iglesia católica.
Hubo oposición a este pronunciamiento, como en el caso de los conservadores, que cuestionaron el concepto de “reunión”. Este término implicaba que los territorios españoles estaban dispersos, cuando siempre han estado gobernados por un mismo gobierno y marco legal. Uno de los cuestionamientos más fuertes fue el del tlaxcalteca José Guridi y Alcocer, quien criticó la rigidez con la que se planteaba el concepto de lo “español”. Según Guridi, esta perspectiva dejaba de lado, por ejemplo, a aquellos que habían tomado el partido napoleónico o que vivían en el mismo territorio sin compartir los demás puntos.
La propuesta de Guridi iba en el sentido de crear un concepto de la Monarquía plurinacional, donde se aceptara la diversidad en lugar de la uniformidad para ser considerado parte de la Nación. Sin embargo, esta idea fue desechada por los diputados, quienes prevalecieron con la idea liberal de encuadrar tanto a la península como a los territorios de ultramar bajo la unidad de sostener las mismas leyes y la unidad cultural.
Si bien la intención era mantener una igualdad global, esto eventualmente se vería afectado por la sobrerrepresentación peninsular sobre los reinos americanos.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España.
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Imagen: Anónimo. Alegoría de América amamantando extranjeros. (Alegoría de España y su tratamiento de las colonias).
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