Con la derrota de los franceses, el proyecto conservador quedó descartado como opción a seguir. Después de 1867, todo parecía indicar que se lograría implementar el modelo republicano sin mayores obstáculos. Sin embargo, el problema residía en la baja cultura política que permeaba en la sociedad, sumada a la vulnerabilidad económica del país, lo que podría desencadenar nuevamente luchas por el poder, como las ocurridas en la primera mitad del siglo.
Ante esta situación delicada, la nación necesitaba la figura del hombre fuerte para obtener un símbolo de unidad entre la clase política y el resto de la sociedad. Esta fue la razón por la cual tanto Benito Juárez como Sebastián Lerdo de Tejada optaron por seguir en la presidencia a través de la figura de la reelección. De esta manera, buscaban ganarse la legitimidad ante el pueblo y poder continuar ostentando el poder utilizando los medios legales que les otorgaba la Constitución de 1857.
En ese momento, el país se encontraba profundamente dividido a nivel regional bajo la influencia de los caciques, quienes actuaban como el verdadero poder que controlaba la vida de las comunidades. Dirigían desde la economía al entablar relaciones con los hacendados, hasta el ámbito social, siendo la última instancia en decidir sobre cualquier asunto de relevancia. Los políticos se veían obligados a ganarse las simpatías de los caciques para asegurar la afluencia de votos que les garantizara la victoria, siendo compensados posteriormente con algún favor a través de políticas públicas.
Esta situación complicaba la implementación de cualquier acción ejecutiva en el poder, ya que los políticos tenían la obligación de conciliar los diferentes compromisos regionales que asumían para poder gobernar. Esto provocó que a lo largo del siglo XIX, el país estuviera marcado por la inestabilidad, producto de las revueltas regionales provocadas por los caciques a quienes no se les cumplía, o peor aún, cuando se daba fuerza a las ambiciones de algún caudillo militar.
El cacique no tenía ambiciones más allá de su región de origen. Este tipo de relación tenía sus raíces desde la época prehispánica, y su único objetivo era asegurar la permanencia en el poder, evitando el surgimiento de algún liderazgo que pudiera desafiarlo. Por ello, el gobierno federal intentaba poner rivales políticos para intentar controlarlos en caso de representar una amenaza.
A lo largo de la lucha por el poder entre los liberales y conservadores, los caciques desempeñaron un papel crucial al respaldar a uno u otro bando. Incluso con la victoria asegurada para los liberales, el sistema caciquil continuó tan vigente como antes, imponiendo límites tanto al poder de los caciques como al gobierno federal. Se estableció un sistema de alianzas debido a la debilidad del gobierno para quitarles su poder regional.
Bajo este sistema, y para que el modelo republicano siguiera existiendo, la clase política estatal debía contar con el visto bueno de los caciques. Eran ellos quienes proponían a los candidatos para los puestos de elección popular, y luego se llevaba a cabo el juego democrático. El compromiso asumido por los caciques con el gobierno federal era luchar contra cualquier movimiento que amenazara la paz pública.
Otra función de los caciques era garantizar el mantenimiento de la infraestructura pública, comprometiéndose a asegurar el buen estado de los caminos o el alumbrado público. Sin embargo, las disputas por los cobros de impuestos con el gobierno, como fuente de conflictos, llevaron al estado a asumir este papel con la renuncia tácita de acceder a esta financiación a partir de la década de los setenta.
Con el paso del tiempo, el gobierno federal lograría centralizarse como la fuente principal de poder, ya que gradualmente el país se iba pacificando. Esto llevó a que los caciques fueran relajando sus cuotas de poder, mientras que el gobierno, como manera de compensación, les otorgaba títulos honoríficos y puestos en la administración pública, como diputados, senadores o alcaldes de sus comunidades, para mantenerlos apaciguados. Este proceso provocó el fortalecimiento del estado central en detrimento de los poderes regionales.
En la segunda mitad del siglo, las nuevas dinámicas implicaban congraciarse con el presidente para obtener legitimidad política. Surgieron así nuevos cacicazgos políticos respaldados por el presidente, que rivalizaban con los caciques tradicionales. Este fenómeno se convirtió en uno de los motores de la lucha social que desencadenaría la Revolución de 1910. Quien iniciaría esta nueva tendencia sería el propio Juárez, quien desde la Guerra de Reforma se aseguró de formar grupos locales cuya lealtad pudiera contar, ya fuera para combatir a los conservadores o respaldarlo en las luchas internas de los liberales. De esta manera, se aseguró la conformación de un pequeño grupo de personas influyentes y leales, con la mira puesta en convertirse en el siguiente presidente con su respaldo.
Dentro del círculo político de Juárez conformado en la República Restaurada se encontraban personas como José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada e Ignacio Mejía. Todos ellos fueron colaboradores en las labores de gobernanza durante los periodos de guerra y participaron como generales con un indiscutible talento. Dado que los políticos liberales se subordinaron a los dictados de la Constitución, esto permitió a Juárez consolidar el poder y eliminar a rivales peligrosos, como sucedió con Jesús González Ortega.
Estos colaboradores eran conscientes de que su lealtad a este nuevo sistema presidencialista eventualmente les beneficiaría al «asegurarles» un futuro en el puesto. Sin embargo, había otro sector de militares que habían participado en el bando liberal y que quedaban fuera del nuevo orden republicano. Todos ellos decidieron respaldar las aspiraciones del general Porfirio Díaz, quien se había vuelto muy popular por su lucha contra la intervención francesa.
Ante la imposibilidad tanto de Díaz como de estos militares de ingresar en el círculo juarista y tras perder en las elecciones de 1871, encontraron la excusa perfecta para levantarse en su contra con la bandera antirreeleccionista. Este conflicto se mantuvo hasta la muerte de Juárez en 1872 y durante la presidencia interina de Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Díaz triunfa con su Plan de Tuxtepec en 1876, observó lo efectiva que resultaba la estructura presidencialista.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Silvestre Villegas Revueltas. Un acuerdo entre caciques: La elección presidencial de Manuel Gonzales (1880), de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea no. 25.
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Imagen: Jesus Alamilla. «Que la suerte decida «pero sin trampas»», de la revista El Padre Cobos, 30/07/1871.



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