El autonomismo novohispano ante la invasión napoleónica
Mientras en la península es presa de los planes de Napoleón ante una monarquía que se mantuvo titubeante ante la creciente amenaza de su vecino del norte, los reinos americanos entran en crisis al caer la cabeza de un sistema que estuvo centralizado al otro lado del océano y que cayó de una forma muy simple. Bajo estas circunstancias es que las elites locales empiezan a demostrar la ineficiencia del sistema borbónico que pretendía monopolizar las políticas de las Indias gobernando desde España, por lo que era necesario que los habitantes de los virreinatos tuvieran un papel más activo en su gobierno para evitar que la monarquía hispánica fuera a caer, por lo que era necesario tomar acciones para reorganizar los territorios españoles con el rey ausente.
Las circunstancias de los virreinatos con la península fueron muy diferentes, mientras España era presa de la invasión de las tropas francesas que toman posesión de las principales plazas, en América no había un estado de guerra o una invasión a la cual hacer frente (salvo el caso de la invasión inglesa a Buenos Aires), por lo que las autoridades virreinales mantuvieron su poder sin mayor problema. Esta circunstancia hizo que los virreinatos reivindicaran la legitimidad de los Borbones sobre la corona española, se controlaran las juntas autonomistas de los criollos y se luchara contra las revoluciones insurgentes que fueron estallando.
Como hemos tratado anteriormente, Manuel Godoy tenía planeado trasladar a la monarquía hacia América a la manera de cómo se procedió con los Braganza portugueses y su instalación en Brasil, pero el estallido del Motín de Aranjuez donde Carlos IV renuncia a la corona para otorgársela a su hijo Fernando VII retrasa los planes y hace que Napoleón los alcance haciendo que renunciase en favor de su hermano José. De haberse trasladado los reyes o incluso las Juntas como se llegó a proponer por parte de la Nueva España, las cosas hubieran cambiado de forma total y posiblemente se hubiese logrado el plan autonómico de las elites criollas sin caer en el rompimiento que hubo con la monarquía española.
En aquellos años, la Nueva España estaba regida por el virrey José de Iturrigaray quien era uno de los allegados al ministro Godoy y se había ganado cierta popularidad entre los novohispanos. Los problemas inician cuando se supieron las noticias de las abdicaciones de Bayona y de la caída de su promotor, esto provocaría una división de respuestas entre los aparatos de gobierno, mientras la Audiencia de México reconoce la ascensión de Fernando VII al trono, Iturrigaray se mantiene más cauto y niega las decisiones tomadas en Bayona. Esto desataría una lucha entre la Audiencia y el virrey que hace que los actores sociales dividan su apoyo en favor de sus agendas, por un lado, los criollos respaldan a Iturrigaray en su postura y la Audiencia es apoyada por los peninsulares.
Mientras el rey legitimo estaba preso por los franceses y el trono estaba presidido por un monarca espurio, Iturrigaray respaldado por el cabildo de la Ciudad de Mexico dictamina que ante la ausencia del rey la soberanía residía en el reino, por lo que los tribunales y cabildos seguirían gobernando según la ley, el Ayuntamiento asumía la representación de la Nueva España y el virrey gobernaría interinamente sin entregar el poder a nadie, por lo que se salvaguardaba el derecho legítimo de los Borbones para reinar en la Nueva España cediendo la soberanía al pueblo que esperaría a su liberación. Diversas personalidades de las elites criollas empiezan a moverse para poner las reglas en que el reino se ha de gobernar, siendo el mercedario confesor del Marques de Uluapa, Melchor de Talamantes, quien convocaría la formación de un congreso en la Ciudad de México al que las principales ciudades mandarían representantes para la toma de decisiones.
Conforme el Ayuntamiento va lanzando las convocatorias para organizar el nuevo congreso, la Audiencia se encarga de desacreditarlo argumentando la falta de legitimidad que tiene para dictar cualquier clase de orden al sostener que la planta institucional no había sufrido alteración alguna por la invasión, por lo que las cosas tenían que permanecer como estaban. A pesar de las creencias de los peninsulares, tanto Iturrigaray como los criollos habían seguido todas las pautas legales, ya que en ningún momento se hizo llamamiento a la independencia sino a la autonomía y se seguía reconociendo a los Borbones como legítimos monarcas de la Nueva España, incluso se reconocía la legitimidad de la propia Audiencia.
En este tenor, como el Ayuntamiento no reconoce las abdicaciones de Carlos IV o Fernando VII, podían nombrar a un representante legítimo de los reyes en lo que termina su cautiverio. Por su lado el virrey convoca a la elección de representantes de los poderes del reino como la Real Audiencia, el Arzobispado, la Nobilísima Ciudad de México, diputaciones de los tribunales, corporaciones eclesiásticas y seculares, nobleza, ciudadanos principales, parcialidades de indios y los gremios miliares y mercantiles para formar una Junta, por lo que con esto se tendría una mayor representatividad en la toma de decisiones a la sociedad novohispana.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura
Federico Flores Pérez
Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España.
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Imagen: Casimiro Castro, Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico, 1855
