Los inicios del autonomismo universitario.

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La presencia de la educación superior en México data de hace 500 años (la educación mesoamericana se excluye, ya que muchas de sus características son desconocidas y pueden no corresponder al concepto occidental). Sin embargo, sus beneficios en la sociedad siempre estuvieron limitados principalmente a las clases pudientes, quienes eran los únicos capaces de costear una carrera universitaria. El siglo XIX fue una etapa especialmente precaria para la Universidad Pontificia de México, ya que los problemas económicos impedían fomentar su acceso entre el resto de la población. Además, atravesó períodos en los que tuvo que cerrar debido al clima de inestabilidad política o las purgas que buscaban desvincularla de la rectoría eclesiástica, permitiéndole emprender el camino hacia la modernización.

Fue en 1910, durante el gobierno de Porfirio Díaz, cuando las principales escuelas de profesionistas de la capital se unieron para dar origen a la Universidad Nacional de México. Esta institución abarcaba desde la educación preparatoria hasta la especialización en diversas carreras.

En poco tiempo, la Universidad Nacional tuvo que enfrentar los embates de la revolución, logrando salir adelante sin cerrar sus puertas. Esto llamó la atención del nuevo régimen, que vio la oportunidad de utilizarla para empezar a dar forma a la educación mediante la formación profesional. Sin embargo, este enfoque no contaba con el respaldo del cuerpo docente, que percibía una amenaza a la calidad educativa al subordinarse a los intereses del estado. Un ejemplo de esta tensión se manifestó en 1912 con las quejas sobre el ingreso a la facultad de Derecho, lo que llevó a la creación de la Escuela Libre de Derecho. Un episodio más reciente se relaciona con la reforma al plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria en 1923, reduciendo a dos años el periodo preparatorio para alinearse con los planes de la SEP de introducir la educación secundaria. Esta medida generó problemas tanto en la matrícula como en el plan de estudios.

Las tensiones entre la rectoría y el gobierno alcanzaron su punto álgido en 1929, cuando el estudiantado convocó al VI Congreso Nacional de Estudiantes, liderado por Alejandro Gómez Arias. En este congreso, se resaltó la necesidad de reformar los estatutos universitarios, incluyendo la independencia de la Universidad del estado. Esto marcó una oposición a los intereses gubernamentales y estableció una agenda en contra del militarismo y el caudillismo.

La resistencia se inició el 8 de marzo con un mitin de preparatorianos que buscaban detener la aprobación de reformas que implicaban el alargamiento del periodo de estudios de las carreras, aunque finalmente estas reformas fueron aprobadas y los estudiantes fueron reprimidos por la policía. En la rectoría, Antonio Castro Leal implementó una serie de medidas polémicas que desagradaron a los estudiantes, como el respaldo al director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Narciso Bassols, en la decisión de cambiar el sistema de evaluación por exámenes orales, algo que contravenía el reglamento universitario que exigía la implementación de exámenes escritos.

Fue así como Castro Leal decidió crear un estado de excepción para la Facultad de Derecho, permitiendo la implementación de estos cambios. Sin embargo, los estudiantes rechazaron esta medida y se sumaron a las protestas. El problema radicó en la falta de unidad, ya que cada grupo estudiantil actuó de manera independiente, facilitando que el gobierno reprimiera las manifestaciones y amenazara con cerrar la facultad durante un año si los reclamos continuaban.

El conflicto persistió hasta mayo, cuando una representación de estudiantes intentó en vano persuadir a las autoridades de la facultad, a las universitarias e incluso al Secretario de Educación, Ezequiel Padilla, para revertir los cambios, pero recibieron una respuesta poco conciliatoria. El 6 de mayo, llevaron a cabo una huelga que consistió en impedir el acceso a la facultad, lo que llevó al rector a elevar el conflicto a la presidencia, donde se anunció el cierre de la facultad hasta que los estudiantes detuvieran sus demandas. Se emitió una amenaza de que, si el conflicto persistía hasta el año siguiente, se cerraría definitivamente. Los universitarios se reunieron para decidir el rumbo del movimiento y establecieron el Comité de Huelga en un intento de buscar la mediación del presidente. Además, comenzaron a convocar a las demás facultades para que se sumaran a la iniciativa.

Para el 15 de mayo, el Consejo Universitario, representado por connotados intelectuales como Alfonso Caso (director de la Escuela Nacional Preparatoria), Vicente Lombardo Toledano y Pedro de Alba, respaldó la postura de la rectoría y decidió reducir los reconocimientos a dos por año, además de cambiar las fechas de inscripciones. Cancelaron el arbitraje presidencial al señalar que tanto Gómez Arias, Salvador Azuela y otros líderes del movimiento eran simpatizantes del principal opositor al gobierno, José Vasconcelos. Argumentaron la penetración de intereses políticos ajenos y tomaron medidas drásticas como el cierre de la Facultad de Derecho, la represión policiaca y la expulsión y coacción de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

El 22 de mayo, diez escuelas estaban en huelga y los estudiantes protestaban en las calles de la capital, especialmente en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que culminó en un enfrentamiento. En la Facultad de Medicina, el rector Fernando Ocaranza impidió que la policía entrara y llegó a un acuerdo con el jefe de Departamento del Distrito Federal, José Manuel Puig Casauranc, para detener la acción. Incluso Puig se entrevistó con los líderes estudiantiles y ofreció su ayuda como mediador con el gobierno.

El nivel de enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes fue tal que el pliego petitorio quedó rebasado en comparación con las peticiones originales de revertir las reformas educativas. A estas se sumaron demandas para subsanar todos los agravios, cancelar los arrestos, las expulsiones y detener a los funcionarios y policías responsables de la represión. Sobresale la necesidad de autonomía universitaria como clave para evitar futuros conflictos con el gobierno. Con el apoyo de Puig Casauranc, el gobierno comenzó a considerar estas demandas. El 27 de mayo, se entregó al presidente un nuevo pliego petitorio que solicitaba la destitución de los funcionarios de la SEP y la universidad, así como la modificación de los reglamentos y planes de estudio. Estas peticiones fueron rechazadas por el presidente Emilio Portes Gil, quien en cambio propuso otorgar autonomía a la universidad para que resolviera sus propios problemas.

Entre el 4 de junio y el 10 de julio se llevaron a cabo movimientos legislativos para oficializar la autonomía de la universidad. Además, se concretó la renuncia de los directivos universitarios, quienes entregaron las instalaciones a Daniel Cosío Villegas. La huelga finalizó el 12 de julio, y la rectoría fue entregada a Ignacio García Téllez, dando origen así a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Pablo Serrano Álvarez. 1929, el año en que triunfaron los estudiantes, de la revista Relatos e Historias en México no. 78.

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Imagen: Hermanos Casasola. Movimiento estudiantil (Alejandro Gómez Arias arengando a los estudiantes) . Mayo de 1929.

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