Las condiciones electorales de la primera mitad del siglo XIX.

Los principios de la vida democrática llegados con la Constitución de Cádiz estaba lejos de tratar de llevar la representatividad a todos los sectores de la sociedad, sino que en sus principios estaba el de darles el derecho a todos los que tuvieran origen español y estuviesen avecindados en las poblaciones del reino dejando fuera a los de origen africano, pero al no existir padrones de votantes y al ser los vecinos de las comunidades los que organizaban las elecciones, podemos decir que en la práctica era un derecho universal para todos los varones, en el breve primer periodo de elecciones democráticas de 1813 a 1814 se conocen pocos casos de anulaciones de voto y en cambio había muchas quejas de permitir el voto a personas que no deberían. Una vez alcanzada la independencia, Agustín de Iturbide propuso que en la creación del Congreso Constituyente estuviesen representados todos los sectores sociales y sobre todo a los grupos de interés, siguiendo la lógica de darles participación en las decisiones del gobierno.

Para el nuevo orden democrático, se tomaría como base el proveniente de la constitución española con algunas modificaciones, siendo la principal el quitar el limitante racial para pasar a darles a todos los hombres mayores de 18 años sin importar su clase o su raza, este principio quedaría consignado en la posterior Constitución de 1824, pero el espíritu federalista con que fue creada le otorgo a los estados crear sus propios reglamentos para dictaminar quien podía votar. Como principio básico en las primeras constituciones estatales estaba la de ser varones y se les daba preferencia a los padres de familia, así como demostrar tener domicilio y un modo de vivir conocido, pero este derecho podía perderse en caso de demostrarse incapacidad física o moral, por lo que tanto criminales sentenciados, deudores y borrachos no podían participar, aunque con sus respectivas variantes regionales como en algunos donde se prohibido la participación de los sirvientes o más radicales como México, Occidente y Querétaro al prohibir al clero participar.

Siempre se había tenido como ideal el permitirle la participación política solamente a los que supieran leer y escribir, pero con un analfabetismo que rondaba por el 90% esta aspiración era más que imposible y tendría que suceder cuando el estado asumiese el compromiso educativo. La cuestión moral era fundamental para permitir o negar el derecho al voto, esto iba para los “hijos ingratos” que descuidaban a sus padres, a los mismos que descuidaran a sus hijos, a los jugadores, los vagos, los que anduviesen desnudos, incluso había algunas excentricidades para su época, se sabe que en 6 estados se anulaban las votaciones ejercidas mediante la compra de este, en otros se hacía obligatorio su alistamiento en las milicias y en el caso de Nuevo León se tenía que demostrar el pago de todos los impuestos para otorgarles la ciudadanía plena. Relacionado a este tema, se llegó a proponer al nivel federal la necesidad de imponer como requisito el comprobar los ingresos de los individuos, estableciendo como mínimo el ganar 1000 pesos o una propiedad de 25,000 pesos, pero esta idea fue desechada al argumentarse que dichas cantidades solo las podían ganar unos cuantos y esto era una consecuencia directa la desigualdad del orden español.

Para participar como candidato en el proceso electoral, igualmente se retiraba el componente racial y de clase, pero en ese caso se elevaban las condiciones como el ser mayores de 25 años y tener 7 años de residencia en la comunidad en el caso de los candidatos y 5 para los electores, solo había restricciones para los miembros del ejército, la iglesia o los magistrados quienes no podían ser electos, aunque si se permitía la participación de los sacerdotes, pero para competir como diputados. A pesar de que estas nuevas reglas tenían como objetivo el aumentar la participación de la ciudadanía, hubo una disminución de votantes al nivel general, una explicación puede estar en el grado del involucramiento de las fuerzas políticas como las logias masónicas quienes se ocupaban de ir movilizando a los sectores de la sociedad para ir a votar, los expertos en eso era la logia Yorkina quienes se valían de la compra de votos y el uso de la movilización popular para presionar a las autoridades, recursos muy usados durante la elección de 1826 y que hizo que los conservadores de la logia escocesa denunciaran esa clase de actos.

El culmen de estas prácticas de los yorkinos se dio en las elecciones presidenciales de 1828 donde compitieron Vicente Guerrero por parte de los yorkinos y Manuel Gómez Pedraza por los escoceses, ambos habían estado en el gabinete del presidente Guadalupe Victoria y de alguna manera con ellos había un equilibrio ideológico, pero al momento de las elecciones los yorkinos habían logrado una gran movilización de sus bases y pierden con resultados muy ajustados. Esto provocaría un gran malestar social que se manifestaría en el “motín de la Acordada” a finales del año, donde los partidarios de Guerrero se manifestaron en la capital causando saqueos y estragos en el Parían, dejando encerrados a las elites de la ciudad y obligaron a los electores de Pedraza a votar por Guerrero, este suceso provocaría en los siguientes años que los conservadores luchasen por restringir el derecho al voto para impedir que las clases populares participasen.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: José Antonio Aguilar Rivera. El veredicto del pueblo: el gobierno representativo y las elecciones en México, 1809-1846, del libro Las elecciones y el gobierno representativo en México.

Imagen: George Cruikshank. «Levanten las manos para el candidato liberal», siglo XIX. Gran Bretaña.